El abogado Damián Petenatti cuestionó el pedido de elevación a juicio de la causa contratos de la Legislatura, en la que se investigó el presunto desfalco al Estado durante una década, entre 2008 y 2018. “Es un escándalo el pedido de elevación a juicio porque no se ha investigado a los responsables políticos”, sostuvo el letrado que defiende a Alfredo Bilbao, exagente del Senado nacional sobre quien pesa un pedido de pena de 12 años de cárcel.
Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dieron por concluida la investigación penal preparatoria y el martes presentaron el pedido de elevación a juicio del expediente a la jueza de Garantías Marina Barbagelatta. En el escrito, de más de 500 páginas, sostienen que el monto sustraído de la Legislatura en el período investigado asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de este año (cotización dólar oficial $93,75 al 28/05) sería de $4.961.988.609.
Petenatti, junto a los demás defensores, adelantó que se opondrán al pedido de remisión de la causa a juicio y advirtió que la investigación se quedó corta. “Es un escándalo el pedido de elevación. Acá es clarísimo que hay un acuerdo entre el Procurador Jorge García, la fiscal Cecilia Goyeneche y la más alta dirigencia política para no investigar. Pero claro, a Gustavo Pérez le piden 18 años de prisión y 12 a Alfredo Bilbao. Quieren hacerles cargar una culpa que no tienen”, manifestó en diálogo con Entre Ríos Ahora.
Por el monto de las penas solicitadas, se desprende que para la Fiscalía el mayor responsable de la maniobra era Gustavo Pérez, exjefe del Servicio Administrativo Contable del Senado provincial; le sigue Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Urribarri, para quien piden 16 años de prisión; y Sergio Cardoso, quien fuera Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, para quien piden –al igual que Bilbao- 12 años de cárcel. La lista sigue con imputados con pedidos de pena de 10, 9, 7, 6, 5, 3 y 2 años de privación de la libertad.
Al respecto, el defensor de Bilbao consideró que “no se ha investigado a los más altos responsables dentro de la teoría que la Fiscalía”. En ese sentido, señaló que “Pérez no era quien determinaba a qué persona contratar, sino que eso sólo lo pueden decidir las autoridades políticas: el presidente de la Cámara de Diputados y el de Senadores de los respectivos períodos investigados”.
A su vez, sostuvo que otra razón para oponerse a la elevación de la causa a juicio es que aún resta conocer documentación de relevancia solicitada recientemente a ambas Cámaras legislativas. Recordó que a principios de mayo solicitó a la Fiscalía que exigiera al Senado y Diputados que informen qué legislador o autoridad legislativa firmó la nota que inició el trámite para la contratación de las personas, cuya lista es parte de la evidencia que se llevará a juicio.
Al respecto, señaló: “La Cámara de Senadores dio una respuesta evasiva. Contestó pero no respondió lo que se le pedía. No están los nombres de quienes solicitaron formalizar cada contrato. Tampoco explican por qué no están o quién era el responsable del archivo. La Cámara de Diputados, hasta la fecha, no respondió nada. La Fiscalía debería haber insistido con el pedido”.
Finalmente, consultado sobre la pericia contable y el monto del perjuicio que estimó la Fiscalía en el auto de remisión a juicio, Petenatti subrayó que “el informe pericial en ningún momento dice que son contratos truchos” y que “tampoco se determina un perjuicio o el monto de la defraudación”.
“La pericia sólo es una suma de montos de contratos. Incluso se suman montos que en verdad no están comprobados que hayan sido pagados. Por ejemplo, hay una planilla de Excel donde se detalla la confección de determinados cheques, pero no está la prueba que diga que se pagaron. No se puede traer una planilla si no se sabe si se hizo la erogación”, completó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
