Algo así como una comedia de enredos jurídicos se ha vuelto el intento de juzgar a los diputados provinciales Sergio Urribarri y Pedro Báez en una de las tantas causas por corrupción en las que están imputados en los tribunales entrerrianos.
Ya en varias instancias, la Justicia ha considerado que los fueros los protegen de ser detenidos pero no de ser llevados al banquillo. Y cuando ya parece que comenzará el juicio propiamente dicho, las defensas vuelven a apelar.
La reacción no se hizo esperar. El abogado de Urribarri, Raúl Barrandeguy, confirmó que fueron en apelación ante un nuevo tribunal, que deberá definir si los diputados pueden ser llevados al banquillo de acusados aún con fueros.
Los jueces que deberán analizar el planteo de los defensores son Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, el mismo tribunal que en abril pasado había confirmado el procesamiento del trío conformado por Urribarri, Báez y Buffa.
Todo ello acontece en relación con la causa en la que el exgobernador y su exministro de Comunicación y Cultura, ambos hoy diputados, están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, de Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario.
Para los fiscales de la causa, Viviana Ferreyra y Gonzalo Badano, -y también para el juez Maldonado- la contratación fue irregular.
En el expediente, se le atribuye a Urribarri que, siendo gobernador, y Báez, como director general de Información Pública del Gobierno, en fecha 1º de julio de 2011, “direccionaron hacia la firma Global Means SA, la orden de publicidad Nº 2038, por medio de la cual se contrató vía directa, los avisos titulados ‘Avisos 1: Entre Ríos Exporta’ y ‘Aviso 2: Entre Ríos invita’, a publicar en las ediciones Nº 91 y 92 del periódico Diario Agroempresario, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2011, por el precio total de $118 mil, aprobada mediante decreto Nº 1057 de fecha 18/04/2012”.
“Dicho direccionamiento arbitrario se produjo de común acuerdo y connivencia previa con el Sr. Germán Esteban Buffa, presidente de la firma Global Means SA, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140, decretos reglamentarios y Constitución Provincial), contratando los funcionarios referidos una empresa que al momento de emitirse la orden de publicidad no existía legalmente, ni cumplía con los requisitos para estarlo”, agrega la acusación.
Cabe mencionar que esta causa es de la de menor importancia en el abanico de expedientes que pesan sobre Urribarri y Báez.
Una de los legajos de relevancia es en el que se investigó la presunta distribución de $24 millones de pesos de publicidad callejera a empresas ligadas al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. Este caso ya tiene fecha de juicio: julio y agosto de 2019.
