La primera reunión de la mesa paritaria salarial entre el Gobierno entrerriano y los sindicatos de la Administración Pública, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), concluyó en fracaso.
El Poder Ejecutivo presentó una propuesta de recomposición salarial para 2018 del 15% en tres etapas: 5% en marzo, 5% en julio y 5% en octubre, más un 1,8% de cláusula gatillo por la depreciación de los ingresos en 2017.
En el caso de los docentes, el Gobierno ofertó un 15%, más 1,3% por cláusula gatillo. La diferencia radica que en 2017 los maestros percibieron un aumento del 23,5%, mientras que para los estatales fue menor, del 23%.
Pero la oferta fue rechazada de forma cerrada tanto por ATE como por UPCN. La negociación abrió un cuarto intermedio, hasta el jueves, a las 9.
Aunque la discusión no sólo transitó por el carril de los sueldos. Los dos gremios cuestionaron severamente el dictado de un decreto, N°97/18, que limita la realización de asambleas en la Administración. “Fue el tema de mayor discusión, porque no nos ponemos de acuerdo. No le encontramos razón al dictado de ese decreto. Nosotros lo rechazamos y estamos dispuestos a ir a la Justicia, porque hay jurisprudencia en este tema”, dijo Oscar Muntes, titular de ATE.
La discusión en torno al dictado de ese decreto mereció un fuerte cruce en la reunión. A diferencia de las reuniones paritarias con los docentes, que tuvieron lugar en Casa de Gobierno, ATE y UPCN recibieron la propuesta salarial en la sede de la Secretaría de Trabajo sin ningún ministro presente. Sólo estuvieron el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola -que se retiró antes de que concluyera el encuentro- y el secretario de Gobierno, Germán Grané.
ATE adelantó el rechazo a la propuesta por considerarla “absolutamente insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores debido principalmente la inflación y los tarifazos”. El titular del gremio consideró la propuesta como “una bofetada al conjunto de los trabajadores”, e insistió en que “para no perder poder adquisitivo, la propuesta no debe ser inferior al 23% con un mínimo garantizado de $17.000”.
Además, fue contundente el repudio a la inclusión de la cláusula gatillo en esta negociación, ya que fue firmada y homologada en el acuerdo del año pasado, por lo que ya deberían haberla pagado de forma automática.
Otros aspectos que fueron planteados por nuestro sindicato, fueron las demoras de parte del Estado en los pases a planta y recategorizaciones, hecho que hace que el Gobierno esté incumpliendo el acuerdo paritario anterior; el pedido de derogación del decreto “Macrista” 97/18 y el repudio de la contratación de una consultora privada para realizar tareas que el Estado puede garantizar.
A su turno Víctor Sartori sostuvo que “para ATE es fundamental que para los contratados de obra se disponga el pago urgente, se les asegure la continuidad y se presente a muy corto plazo un plan de regularización que ponga fin a la precarización laboral”.
Por su parte Martín Calisaya pidió que el Estado Provincial, intervenga ante el agente financiero de la provincia (Banco Nuevo Bersa) para que modifique las condiciones con que concreta los préstamos personales a los trabajadores del Estado, ya que dichos créditos tienen una tasa que supera el 65% anual, ubicándolos un 15% por sobre otros bancos que operan en la provincia, lo que significa que los trabajadores entrerrianos, se ven obligados a endeudarse en condiciones muy perjudiciales”.
