El documento de los organismos de derechos humanos leído esta tarde en Buenos Aires repudió la prisión domiciliaria que favoreció a varios genocidas condenados y pidió celeridad en los juicios de lesa humanidad
El documento consensuado por los organismos de derechos humanos leído la tarde de este sábado durante el cierre de la marcha que conmemora los 42 años del último golpe cívico militar repudió la prisión domiciliaria que favoreció a varios genocidas condenados así como también las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri.
Demandaron a la Corte Suprema que se pronuncie sobre el fallo del «2×1” a favor de los represores y denunciaron la falta de constitución de tribunales en juicios de lesa humanidad y la distancia entre audiencia y audiencia. “Necesitamos celeridad en estos procesos que fueron un ejemplo en el mundo”, enfatizaron.
«No permitiremos ni un retroceso en memoria verdad y justicia. Ni un paso atrás. Ni un genocida suelto«, exclamó Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo.
El documento hizo un repaso de los miles de exiliados que dejó la dictadura, el plan económico neoliberal puesto en marcha por la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla en 1976 a través de “un plan sistemático de exterminio” en “más de 800 centros clandestinos de detención” que dejó un saldo de 30 mil desaparecidos.
Remarcaron, además, que esto ocurrió con la complicidad de la Iglesia Católica, los medios de comunicación “como Clarín, La Nación, La Nueva Provincia de los Massot” y las organizaciones empresarias “como la Sociedad Rural”.
Fuente: Página 12.
