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Tras dos décadas como legislador y gremialista, Allende se jubilará

Cuando el 10 de diciembre próximo deje su banca en la Cámara de Diputados -se convirtió en legislador en 1999 y desde entonces ha sido reelecto de forma ininterrumpida-, José Ángel Allende, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), tendrá ingreso asegurado: la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos aprobó el trámite, y le otorgó el beneficio.

En los próximos días, el órgano previsional comunicará a la Cámara de Diputados esa resolución, un trámite de rutina: cuando deje de percibir su dieta como legislador en diciembre, en 2020 se incorporará al padrón de 42.680 pasivos que hoy existe en Entre Ríos. Aunque además de convertirse en jubilado, lo esperan compromisos en la Justicia cuando deje su poltrona en la Cámara de Diputados de la provincia.

Allende inició el trámite jubilatorio el 26 de diciembre de 2017. En la Caja aseguran que está “pasado” de años de aporte, pero que el proceso se vio demorado por cuanto el todavía legislador tiene aportes hechos en diferentes sistemas, y hubo que receptar informes diversos. El 31 de octubre de 2018 asumió un nuevo período como secretario general de UPCN, por cuatro años, función que cumple desde 1998.

Si bien nunca desempeñó funciones, recuerda Daniel Enz en su libro “Rebeldes y Ejecutores”, fue nombrado con categoría 10 en la Dirección de Juntas de Gobierno. Había llegado desde Santa Fe -donde supo figurar como asesor de un área de asuntos agrarios- y su incorporación al Estado entrerriano le sirvió para, poco a poco, ir desplazando al también santafesino Ramón Saz de Larrechea, interventor de UPCN hasta principios de 1990.
Su padre, el abogado Pablo Alejandro Macho Allende, siempre fue recordado como el apoderado nacional del denominado Partido para la Democracia Social, que tuvo como máximo líder al almirante Emilio Eduardo Massera, integrante de la última dictadura, recuerda Enz.

En la Justicia, lo espera un juicio oral por el delito de coacciones y el pedido de condena de dos años y seis meses que planteó el fiscal Álvaro Piérola en un incidente con el periodista Martín Carboni. Ese juicio estaba previsto que se realice en 2018, pero fue suspendido, sin fecha. Antes, debe resolverse un pedido de desafuero.

También lo espera una causa que tramita la Unidad Fiscal de Violencia de Género del Poder Judicial luego del fuerte entredicho que protagonizó Allende con la ministra de Salud, Sonia Velázquez, que motivó el establecimiento de una perimetral entre ambos.

Aunque nunca planteó expresamente que se amparaba en los fueros de legislador para no acudir a cumplir con sus compromisos judiciales, el trámite de desafuero que solicitó la Justicia nunca fue tratado en la Cámara de Diputados. En realidad, Diputados tiene dos pedidos de desafuero para Allende que nunca resolvió.

Fuente: Entre Ríos Ahora