El proyecto fue presentado por la diputada Gabriela Lena y otros coautores del bloque Juntos por Entre Ríos, tras la difusión del polémico video que simulaba el secuestro de una mujer en una estación de servicio de la ciudad de Crespo.
La Cámara de Diputados de la Provincia presentó una iniciativa que contiene una enérgica declaración de repudio contra una publicidad de la Estación de Servicio Shell (Eric Wagner y Cía SRL) de Crespo, que fue calificada como una «apología de la violencia de género». El proyecto, impulsado por la diputada Gabriela Lena y un grupo de legisladores de su bloque, busca condenar la difusión de un video promocional que generó un amplio rechazo social y mediático.
Según los fundamentos del proyecto, al que esta Agencia accedió, la publicidad “simula el secuestro de una mujer, mientras se intercambian expresiones como ‘qué paz, ¿eh?’ y ‘esta piba no va a joder más’”. Este contenido, que fue rápidamente retirado por la empresa tras la indignación pública, fue considerado como una banalización de actos violentos en un contexto nacional marcado por la problemática de los femicidios.
La declaración subraya que, si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, esta no puede ser un amparo para la apología de delitos o la violencia. El documento enfatiza que las empresas tienen la responsabilidad social de garantizar que sus campañas publicitarias no promuevan conductas dañinas ni denigren a grupos vulnerables.
El proyecto de declaración, que fue respaldado por legisladores de diferentes bancadas, tiene como objetivo reafirmar el compromiso de la Cámara con la protección de los derechos y la dignidad de las mujeres, enviando un mensaje claro a la sociedad y a las empresas sobre la importancia de la responsabilidad social en la comunicación.
La iniciativa se fundamenta en la Constitución Nacional, la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y la Ley 27.499 (Ley Micaela), así como en tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres. Este respaldo legal refuerza la postura de la Cámara, que busca manifestar su rechazo a cualquier acción que contribuya a la normalización o banalización de la violencia de género.
