A partir de la publicación del decreto reglamentario de la Ley Nº 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas, la provincia de Entre Ríos puso en marcha un renovado marco normativo. El objetivo central de la medida es transformar la relación entre el Estado, el desarrollo económico y la conservación del entorno.
Esta reforma integral fue construida mediante el diálogo con los sectores de la producción. La normativa reemplaza esquemas vigentes desde hace varias décadas, como la Ley Nº 6.260 de 1978, introduciendo un sistema unificado, digital y transparente.
Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, ponderó la reglamentación impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y afirmó que la norma representa un hito para la provincia. El funcionario remarcó que se busca simplificar procedimientos y dar certeza jurídica a inversores y productores, sin descuidar el poder de fiscalización del Estado provincial.
Por su parte, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, sostuvo que la preservación ambiental y la producción son compatibles cuando el Estado actúa eficientemente. La funcionaria resaltó que el decreto responde a la Constitución Provincial y a la Ley General del Ambiente. Asimismo, subrayó la puesta en marcha del Certificado Único Ambiental, instrumento que centraliza y sustituye a las gestiones anteriores.
En paralelo, la Secretaría de Ambiente dictó resoluciones complementarias. Entre ellas se destaca un modelo estandarizado con contenidos mínimos para el Certificado de Uso de Suelo Conforme, diseñado para orientar a municipios y comunas. Este criterio unificado respeta la autonomía local, dado que las administraciones municipales continúan siendo las únicas competentes para otorgar dicha factibilidad.
Asimismo, se dispuso una modalidad digital para los procesos de participación ciudadana dentro de las evaluaciones ambientales. En sintonía con los postulados del Acuerdo de Escazú, esta herramienta busca democratizar la consulta pública, permitiendo que la ciudadanía acceda a la documentación y presente observaciones de forma remota.
Por último, el nuevo régimen prevé la habilitación del Registro Provincial Ambiental (RPA) y del Fondo de Control y Fiscalización Ambiental. Este esquema contempla compartir el producido de las sanciones con los gobiernos locales para reforzar el monitoreo territorial permanente en Entre Ríos.
Fuente: Prensa de Provincia de Entre Ríos.
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