El Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, pidió formalmente que se posterguen las elecciones nacionales del 24 de octubre de 2027. El motivo: ese domingo coincide con Simjat Torá, la festividad que cierra el ciclo anual de lectura de la Torá y durante la cual los judíos observantes no pueden viajar, escribir ni realizar otras tareas que el acto de votar exige, empezando por trasladarse hasta la escuela y firmar el padrón.
La presentación, hecha en nombre del Superior Rabinato de la República Argentina–AMIA, fue enviada a las máximas autoridades de los tres poderes: el presidente Javier Milei; la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; la jueza federal con competencia electoral en la Capital, María Servini, y el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía.
La fecha no es caprichosa. El Código Electoral fija los comicios generales para el cuarto domingo de octubre del año en que vencen los mandatos, y en 2027 ese domingo cae el 24. El calendario hebreo, que es lunisolar, desplaza sus fiestas año a año respecto del gregoriano, y esta vez la superposición es completa: fuera de Israel, Simjat Torá se celebra desde la caída del sol del sábado 23 hasta la noche del domingo 24, justo mientras abren y cierran las urnas.
El rabino fue explícito en un punto: el pedido es postergar, no adelantar. Mover la votación al domingo anterior, el 17 de octubre, no resolvería nada, porque ese día cae en plena Sucot, la Fiesta de las Cabañas, que impone restricciones similares. Por eso la solicitud apunta a que las autoridades evalúen las medidas legislativas e institucionales necesarias para fijar una fecha posterior al cierre del ciclo de festividades.
El argumento jurídico se apoya en tres artículos de la Constitución Nacional: el 14, que consagra la libertad de culto; el 16, que establece la igualdad ante la ley, y el 37, que garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos. Suma, además, los tratados internacionales de derechos humanos. El dilema que plantea es concreto: en un país donde el voto es obligatorio, un ciudadano observante quedaría obligado a elegir entre su fe y su deber cívico. El planteo involucra a la comunidad judía argentina, la más numerosa de América Latina, aunque alcanza de lleno solo a su sector observante.
Para mostrar que el cronograma no es intocable, el documento repasa antecedentes. Menciona las presidenciales de 1989 y de 2003 —esta última, adelantada durante el gobierno de Eduardo Duhalde— y las legislativas de 2009, que se anticiparon a junio. Y se detiene en la Ley 27.631, con la que el Congreso postergó las legislativas de 2021 hasta el 14 de noviembre por la pandemia: la prueba, según el Rabinato, de que una modificación excepcional por ley es posible.
La presentación se cuida de no aparecer como un reclamo sectorial. Sostiene que no busca un privilegio, sino preservar la libertad religiosa, la igualdad y la participación democrática, y deja expresamente a salvo las competencias de cada autoridad.
El pedido abre, de todos modos, un frente complejo. Cualquier cambio requiere una ley del Congreso y obliga a reacomodar el cronograma completo: presentación de listas, campaña, impresión de boletas y un eventual balotaje, con el traspaso de mando fijado para el 10 de diciembre. La pelota, ahora, está del lado de la política, que deberá resolver antes de que empiecen a correr los plazos.
Fuente: Perfil.