Por no ajustarse lo requerido al Artículo 280 del Código Procesal Penal de Entre Ríos (CPPER) que cita para justificar el pedido”, la Cámara de Diputados de la provincia rechazó “la solicitud de documentación formulada por el Ministerio Público Fiscal mediante los Oficios N° 1309 y 1311 cursados en el marco del Legajo de Investigación N° 87933”.
El pedido judicial se debe a la investigación por presuntas irregularidades en unos 350 contratos de la Legislatura provincial, iniciada tras la detención de tres personas, empleadas de la Cámara de Senadores de la Nación, que fueron encontradas retirando dinero de un cajero automático con diversas tarjetas de débito a nombre de otras personas.
Entre los fundamentos de la resolución, que posee groseros errores de redacción e incluso mal escrito el nombre de uno de los fiscales y a la que tuvo acceso “Análisis Digital”, se recuerda que el viernes 5 de octubre ingresaron por Mesa de Entradas de la Cámara “los Oficios N° 1309 y 1311 cursados en el marco del Legajo de Investigación N° 87933, donde la procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche y los agentes fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry (N.R. el apellido del fiscal es Aramberri), se presentaron y solicitaron “la presentación en forma inmediata de documentación”.
¿Qué pidió el Ministerio Público Fiscal?
La requisitoria es de contratos de obra o servicios originales gestados entre 2008 y 2018 en las oficinas donde se encontraren; los legajos administrativos correspondientes a cada uno de esos vínculos con sus correspondientes anexos; facturas emitidas por las personas que se individualizan en el anexo en favor de algunas de las Cámaras; resoluciones y/o decretos habilitando las contrataciones interesadas; registros de cumplimiento de contraprestación por alguna de las personas que aparecen contratados; todo tipo de registro de asistencia de las mismas.
