El Intendente de Concordia denunció a beneficiaria de vivienda que puso a la venta la casa por Facebook

Este miércoles de mañana ocurrió el hecho, según el relato hecho desde la Municipalidad de Concordia en un comunicado remitido a El Entre Ríos que cuenta que una usuaria de Facebook, identificada como Paloma Ruiz, vecina del barrio Agua Patito de Concordia, realizó una serie de publicaciones donde ofreció en venta una vivienda de las denominadas Casas Toyota.

En Concepción del Uruguay ocurrió un hecho similar luego de la entrega de las 80 viviendas, pero no hubo denuncia oficial por el caso. La vivienda se ofrecía a $121.000.

Denuncia formal

“Al detectar esta situación, el Intendente de Concordia Enrique Cresto ordenó la inmediata intervención del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas y de la Dirección de Seguridad del municipio, para formalizar la correspondiente denuncia penal por el delito de estafa, teniendo en consideración que estas viviendas no se pueden vender ni transferir”, añadieron luego.

En “Agua Patito” se centralizó el proceso de relocalización de familias desplazadas por las últimas crecientes del río Uruguay, fundamentalmente tras la gran creciente ocurrida entre fines de 2015 e inicios de 2016.

Máximo rigor

La arquitecta Marina Peñaloza, directora del Instituto de Viviendas, remarcó que “la venta de viviendas sociales es un delito que no vamos a permitir ni tolerar, si alguien trata de vender una casa está perpetrando una estafa”. Por eso, “hicimos la denuncia y estamos trabajando en el tema, porque tenemos claras instrucciones del Intendente de actuar con el máximo rigor posible ante este tipo de situaciones”, agregó.

“En Agua Patito se instalaron las 100 denominadas Casas Toyota que envió Nación. Esto nos permitió iniciar la construcción de un nuevo barrio para las familias que residían en zonas inundables. En un trabajo articulado con Nación y Provincia estamos avanzando en la erradicación definitiva de los sectores de la ciudad más afectados por las inundaciones”, destacó.

Aseguró, al respecto, que “es un trabajo serio, responsable y transparente, que estamos consolidando a través de la construcción de 250 viviendas de madera para más familias y controlando que no se instale más gente en la zona inundable”, detalló.

“Parte de este proceso es evitar que las viviendas sociales se vendan o pasen a manos de gente que no es parte del proceso de relocalización. Es un delito tratar de vender una de estas casas. Por eso intervenimos de inmediato cuando aparecen publicaciones en las redes sociales o cuando detectamos alguna maniobra que nos parece sospechosa”, subrayó la arquitecta, “para actuar de manera contundente ante estas situaciones para garantizar que esta transformación histórica que se lleva adelante pueda concretarse exitosamente”, concluyó.