Sin ponerse colorado, quien posee la potestad de otorgar contratos y fijar los montos es quien ahora promueve una Comisión Especial para investigar las maniobras.
Nuevas pruebas
El mecanismo, ya probado por los fiscales del caso, permitió establecer que se contrataba a personas que prestaban su nombre a cambio de una ínfima parte de los fondos y tenían que ceder el resto a quienes administraban esos recursos del Estado entrerriano. La justicia investiga la figura de asociación ilícita y roza a los más altos niveles de la política entrerriana, desde el mismo Urribarri, su antecesor José Allende y quienes presidieron el Senado desde el primer gobierno de Urribarri: José Lauritto, José Cáceres, Adán Bahl y el exVicegobernador Guastavino que parece ser la punta del ovillo.
Esta semana se sumaron dos elementos muy relevantes para la causa. Un nuevo “arrepentido” que contó con detalle la forma en que funcionaba el mecanismo de desvío de fondos. Se trata de Leonardo Dehan, un trabajador que se las rebusca y que confesó estar cobrando una parte de los contratos desde hace 10 años a cambio de prestar su nombre. En el programa de TV que conduce Daniel Enz, Dehan contó que la propuesta provino de Flavia Beckman, hoy detenida en el marco de la investigación.
-¿Qué pasó el 1 de septiembre? ¿Ella te llamó?
-Sí, me pidió que por favor fuera a la casa y le firmara la autorización de la tarjeta porque estaba con problemas.
-Fue cuando había sido allanada.
-Sí, me pidió por favor que le firmara urgente la autorización. Y que dijera que trabajara en el Senado y cobraba 50.000 pesos. Ahí me cayeron las fichas. Si yo no trabajo en Senado y no cobro 50.000 pesos. No tengo ninguna prueba, pero es lo que habíamos pactado desde un principio. Para mí era de no tener ninguna entrada a tener 4.000 pesos”, contó en el programa televisivo.
Contratos de $50.000
El primer arrepentido, fue Ricardo Antivero. El hombre confesó una maniobra idéntica y dio detalles sobre los cheques que recibía recordando que “En una época decían “Honorable Cámara de Senadores”, después “Cámara de Diputados”, pero siempre firmados por el vicegobernador. En primera instancia por el vicegobernador Lauritto y después en la otra gestión, en 2011 hasta 2015, firmados por el vicegobernador Cáceres”.
El otro dato relevante para el caso surgió de uno de los allanamientos que ordenó la Justicia en la casa de uno de los 4 detenidos. Allí se encontraron 50 contratos “truchos”, todos por $50.000 cada uno, de los cuales 25 pertenecen al Senado provincial y los otros 25 a la Cámara de diputados bajo la presidencia de Sergio Urribarri. En los papeles se constató que 12 de esos contratos estaban a nombre de Juan José Bahillo, quien presidió el bloque de Diputados provinciales del PJ hasta su migración al Congreso de la Nación a fines de 2017. También hay 6 contratos a nombre del diputado Pedro Báez mientras que el resto se reparte entre todos los demás diputados oficialistas: Juan Navarro, Rubén Vázquez, Gustavo Osuna, Leticia Angerosa, Silvio Valenzuela, Daniel Ruberto, Juan Carlos Darrichón y Marcelo Bisogni.
Solamente en este allanamiento se detectaron contratos que representan nada menos que $2,5 millones mensuales de desvío de fondos públicos a través de contratos “truchos”. Al igual que el resto, también los diputados del PJ Diego Lara, Emilce Pross, y el prosecretario de la cámara Sergio Cornejo ya fueron citados para que presenten abogado defensor.
El zorro en el gallinero
A esta altura y con todas las pruebas recabadas, queda claro que el caso promete complicar judicialmente a buena parte de la estructura de poder de la política entrerriana. Ni lerdo ni perezoso, esta semana Sergio Urribarri quiso tomar ventaja y abrir una puerta en la búsqueda de impunidad. Para eso elevó a la Legislatura entrerriana un proyecto de ley de su autoría en el que propone crear una Comisión Bicameral para “el examen, seguimiento y control de las contrataciones administrativas de la Legislatura”. Por si fuera poco, el oficialismo le dio “tratamiento preferencial” a la propuesta para que sea tratado sin demoras en la próxima sesión de Diputados. El proyecto de Urribarri pretende dotar de “superpoderes” a esta Comisión, permitiendo que el mismo órgano que está siendo investigado por corrupción alcance atribuciones que le permitan “requerir de los organismos competentes, toda la información relacionada con los asuntos a que refiere la iniciativa y la afectación de los recursos públicos en cuestión; convocar a personas físicas o jurídicas a reuniones de información y formular las denuncias administrativas y/o judiciales pertinentes”, además de la potestad de “adoptar toda otra acción destinada a lograr una óptima utilización de los fondos públicos ejecutados en las contrataciones”.
Aunque parezca llamativo, será muy importante la posición que adopten los diputados por estas horas para evitar que se cree un mecanismo de obstrucción a la labor judicial. Tendrán que evitar que se concrete la designación del zorro como custodio del gallinero.
Voces de los involucrados
– Bahillo (Ex presidente de bloque PJ en Diputados) no ha explicado por qué disponía de 12 contratos de $50.000 cada uno. Por ahora, ha optado por el silencio.
– Guastavino (Ex Vicegobernador) ha presentado un escrito a la Justicia en el que manifiesta que hace tiempo se desvinculó de la legislatura entrerriana y que los contratados bajo su órbita fueron apartados luego de conocerse los hechos que se investigan.
– Lauritto (Ex Vicegobernador) ha evitado el tema. A pesar de sus apariciones públicas como Intendente, no ha hecho mención a la causa. Ya se presentó en la Fiscalía para notificarse en una acción que intentó mantener bajo reserva.
– José Cáceres (ex Vicegobernador) se mantiene a distancia de apariciones públicas y en silencio. Ya nombró abogado.
– Adán Bahl, actual Vicegobernador, se presentó ante la justicia a través de su abogado Julio Federik.
Los detenidos
Flavia Marcela Beckman / Hugo Mena / Esteban Ángel Alberto Scialocomo / Gustavo Bilbao. Tres de los cuatro detenidos eran contratados de Guastavino en el Senado de la Nación.
